Por qué
Garantizar la seguridad en el ciberespacio se ha convertido en un objetivo prioritario en las agendas de la mayoría de los Gobiernos, ya que en ocasiones puede llegar a afectar a la Seguridad Nacional. El último balance de ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 1 refleja que en el año 2020 se gestionaron 133.155 incidentes de ciberseguridad, notificados por 106.466 ciudadanos y empresas, afectando a 1.190 operadores críticos y esenciales estratégicos, documentándose 19.221 nuevas vulnerabilidades.
Estos objetivos en pro de la seguridad requieren de un plan que, en España, se ha elaborado partiendo de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional2 aprobada en diciembre de 2013 por el Consejo de Seguridad Nacional. Y asimismo se precisa de una acción sincronizada y coordinada de todos los recursos del Estado destinados a este fin, teniendo en cuenta a la Unión Europea y haciéndose partícipe al sector privado y a la ciudadanía en general.
En este contexto y según estudios compartidos en el IDC Cybersecurity Digital Forum3 organizado por IDC con el apoyo institucional del INCIBE, el 37% de empresas españolas van a poner en marcha mecanismos para gestionar la identidad de dispositivos y usuarios, el 36% avanzarán en cuanto a privacidad de datos y cumplimiento de normativas y el 35% se centrará en la cultura de la seguridad y la concienciación.
La confianza digital es la principal apuesta de las empresas españolas para los próximos cinco años. Éstas, a la hora de invertir en seguridad, se centran sobre todo en la gestión de la información, la privacidad y el cumplimiento de las normativas. Además, como resultado de la pandemia de la COVID-19, las empresas han dado prioridad a la ciberseguridad en los nuevos modelos de negocio, lo que sitúa a estas prioridades en línea con los objetivos de la empresa y de confianza.
.